El marco del alquiler vuelve a cambiar. El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, publicado el 7 de octubre, modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y otras normas relacionadas con la vivienda. Su entrada en vigor general se sitúa en el 8 de octubre de 2026, aunque algunas medidas tienen un calendario específico.
La reforma afecta tanto a quienes alquilan su vivienda habitual como a propietarios e inversores. No obstante, sus efectos no son idénticos para todos los contratos: la fecha de firma, el destino del inmueble, su ubicación y la condición del arrendador pueden determinar qué reglas resultan aplicables.
Además, según la información recogida en el artículo original, la norma está pendiente de convalidación parlamentaria. Conviene, por tanto, distinguir entre su aplicación durante la vigencia y la continuidad de las medidas.
1. Prórrogas extraordinarias de hasta dos años
La norma contempla que determinados contratos de alquiler de vivienda habitual puedan prolongarse, a petición del inquilino, por anualidades y hasta un máximo de dos años adicionales.
Esta posibilidad no opera de forma automática ni se aplica a cualquier arrendamiento. Entre los supuestos previstos figuran contratos cuyo período de prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2028. También se exigen condiciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de pago.
Existen excepciones, como determinados acuerdos entre las partes o la necesidad acreditada del arrendador de ocupar la vivienda. Antes de dar por terminado un contrato, será necesario comprobar si el inquilino puede acogerse a esta prórroga y si concurre alguna de las excepciones legales.
2. Límites extraordinarios a las actualizaciones de renta
La reforma establece un régimen especial para las actualizaciones anuales que deban realizarse desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027.
Cuando la renta supere el límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, no procederá incrementarla. En los demás casos, el aumento será el que resulte de un nuevo acuerdo entre propietario e inquilino y, si no existe ese acuerdo, no podrá superar el 2 %.
Por ello, antes de comunicar una subida conviene revisar el contrato, la fecha de actualización y los límites aplicables. No debe confundirse la actualización anual de un contrato vigente con la fijación de la renta de un contrato nuevo.
3. Alquiler de temporada: la causa temporal debe justificarse
El alquiler de temporada debe responder a una necesidad real, expresa y acreditable, como un desplazamiento por estudios o por motivos laborales. No basta con denominar el contrato «de temporada» para excluir las garantías del alquiler de vivienda habitual.
Como regla general, estos arrendamientos deben superar los 31 días y no exceder de doce meses, aunque pueden prolongarse si persiste justificadamente la causa temporal.
La ausencia de justificación, la duración superior a doce meses sin causa que la respalde o la sucesión de más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda pueden determinar su consideración como arrendamiento habitual.
Los contratos anteriores mantienen su régimen hasta el vencimiento pactado, mientras que sus renovaciones quedan sujetas a la nueva regulación.
4. El alquiler por habitaciones queda expresamente regulado
La reforma incorpora el alquiler de habitaciones a la regulación de los arrendamientos de vivienda habitual o temporal, según la necesidad residencial que satisfaga.
Una de sus principales novedades es que la suma de las rentas de las habitaciones alquiladas simultáneamente no puede superar la renta correspondiente al alquiler de la vivienda completa.
En las zonas de mercado residencial tensionado también deben respetarse las limitaciones de precios previstas en la normativa. Estas reglas deben coordinarse con las disposiciones autonómicas aplicables, especialmente relevantes en Cataluña.
5. Gastos, garantías y conservación de la vivienda
La norma refuerza la protección del inquilino en varios aspectos de la relación contractual.
Entre ellos, mantiene la prohibición de trasladarle los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato e impide exigirle un seguro de impago. También precisa las obligaciones relativas a las reparaciones de desperfectos que afecten a la habitabilidad, seguridad o salubridad de la vivienda.
Asimismo, amplía la protección del derecho de adquisición preferente en caso de venta, incluidas determinadas transmisiones conjuntas de inmuebles.
Estas modificaciones aconsejan revisar tanto los modelos de contrato como las cláusulas sobre gastos, garantías, reparaciones y venta de la vivienda arrendada.
6. Nuevos incentivos fiscales para propietarios y deducciones para inquilinos
La reforma introduce un sistema de reducciones en el IRPF sobre el rendimiento neto positivo del alquiler de vivienda, con porcentajes que pueden alcanzar el 100 % en determinados supuestos.
La aplicación de estos beneficios depende de requisitos concretos, entre ellos la reducción de la renta, la continuidad del arrendatario, la relación con los precios de referencia o la condición del propietario. También existen reglas transitorias según la fecha del contrato. Por tanto, la reducción máxima no constituye un beneficio general para todos los arrendadores.
Para los inquilinos se incorpora una deducción estatal del 10 % de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual, sujeta a requisitos y límites de renta.
La base imponible debe ser inferior a 33.007,20 euros. La base máxima de deducción es de 11.630 euros para bases imponibles de hasta 23.007,20 euros y disminuye progresivamente a partir de esa cantidad. El cumplimiento del límite económico, por sí solo, no garantiza el derecho a la deducción: deben verificarse las restantes condiciones legales.
7. Cambios fiscales para los alquileres turísticos
Con efectos desde el 1 de diciembre de 2026, determinados alquileres de viviendas o apartamentos amueblados cuya duración no supere las treinta noches para un mismo arrendatario quedan sujetos al IVA del 10 %, con las excepciones previstas legalmente.
La reforma también permite que los ayuntamientos establezcan recargos en el IBI para inmuebles residenciales destinados a alojamiento turístico en municipios situados en zonas tensionadas.
Estos recargos no se aplican de manera automática en todos los municipios: dependen de la regulación legal y de su establecimiento mediante la correspondiente ordenanza municipal.
8. Viviendas desocupadas y operaciones de grandes tenedores
Desde 2027 se prevé una escala progresiva de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, con porcentajes del 1,1 %, 1,5 %, 2 % y 3 %, en función de la suma de los valores catastrales computables.
También se modifica el régimen de recargos del IBI sobre viviendas desocupadas de forma permanente.
Por otra parte, hasta el 31 de diciembre de 2030 se limitan determinadas adquisiciones de vivienda por debajo del 70 % de su valor de mercado realizadas por personas jurídicas que sean grandes tenedores y por otras entidades comprendidas en la norma. La medida contempla excepciones y no debe interpretarse como una prohibición general de comprar viviendas con descuento.
9. Protección frente al desahucio y fomento de la vivienda asequible
La reforma incorpora mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa residencial.
Entre ellos figuran supuestos de suspensión judicial de procedimientos de desahucio y una vía extraordinaria de enervación en determinados procesos por impago. Su aplicación exige comprobar las circunstancias del arrendatario, la condición del demandante y los requisitos del procedimiento.
El texto también incluye instrumentos de financiación, movilización de inmuebles públicos y apoyo a la construcción industrializada para impulsar la oferta de vivienda asequible.
Antes de firmar, actualizar o renovar: revisar el caso concreto
La principal consecuencia práctica de la reforma es que no basta con aplicar una misma regla a todos los alquileres. Antes de firmar un contrato, comunicar una subida, solicitar una prórroga o modificar el uso de un inmueble, deben comprobarse el régimen contractual, las fechas de efectos y la normativa territorial aplicable.
La revisión resulta especialmente importante en los alquileres de temporada y por habitaciones, así como en las decisiones fiscales y patrimoniales cuyos efectos se prolonguen en el tiempo. También conviene seguir la tramitación parlamentaria de la norma para conocer la continuidad y el alcance definitivo de las medidas.